No hay pueblo sano con gobernante enfermo

Si de los servicios de salud pública depende el bienestar y la vida de millones de gobernados, principalmente de quienes no cuentan con recursos para ser atendidos por médicos y hospitales privados, es inconcusa la obligación del Estado de dar verdadera prioridad a estos servicios. No hacerlo, como sucede, conlleva responsabilidades penales y administrativas.