Los escasos recursos (humanos y económicos) y la corrupción e ineptitud institucionales hacen que la procuración e impartición de justicia sean inaceptables y deficitarias socialmente. Por eso los ciudadanos reclaman a gritos, y los medios de comunicación impelen a las autoridades para que se dignen a atender a quienes se consideran (o son) atropellados.
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