¡Pa’ qué alegamos si nos podemos matar!

Si los delincuentes pululan a lo ancho y largo del territorio nacional, cometiendo impunemente gran parte de los delitos consignados en la legislación penal, y el Estado no defiende a los hombres y mujeres de bien, parece lógico que debiera autorizarse a éstos, para su defensa personal, la de sus familias y propiedades, a portar armas con la misma capacidad de fuego que la utilizada por los perdularios. Lo cierto es que vivimos en un Estado fallido, donde la impunidad escala un 95 por ciento y campea soberana.